Por Luis Tarullo
El mundo laboral tuvo algunas noticias destacadas esta semana, aunque ello no es siempre sinónimo de novedades.
Una de ellas fue el acuerdo salarial al que arribó el gremio de Comercio, del histórico Armando Cavalieri, consistente en el pago de sumas compensatorias y no remunerativas y un acuerdo parcial por seis meses.
El principio que rige este pacto condicionado por la inflación parece bailar al compás de aquella célebre frase que impuso Álvaro Alsogaray (ícono del conservadurismo vernáculo) en los ’60: “Hay que pasar el invierno”.
Es que el “Gitano” Cavalieri y los también históricos referentes empresariales Carlos De la Vega (CAC) y Osvaldo Cornide (CAME), volverán a verse las caras en septiembre para analizar el complemento del aumento hasta sellar los doce meses tradicionales.
En rigor, en paralelo hizo la misma gestión el sindicato de los encargados de edificios (SUTERH), de Víctor Santa María, pero es indiscutible el peso político que tiene el acuerdo de Cavalieri.
Hay otros gremios que andan detrás de ese ritmo de negociación, lo cual seguramente a partir de ahora se acelerará, habida cuenta del pesado precedente que queda establecido.
La negociación semestral, que rompe con la tradición anual, especialmente de la última docena de años, empezó a menearse como posibilidad y ya, aunque de manera incipiente, se establece como realidad tangible.
Este tipo de acuerdos permite ir oteando el horizonte inflacionario durante los próximos meses sin la presión ni las dudas de haber firmado un convenio extenso que a la larga, como ya ha pasado varias veces, puede ser insuficiente.
Y también le permite al Gobierno despojarse -un poco- de la mochila que implica la pretensión ya explicitada de que los sindicatos firmen por 365 días por un porcentaje que no supere el número 30. Casi una utopía.
Frenar los despidos
Sin embargo, sobre todo está el paraguas de la inflación, que no quiere dar tregua y amenaza con seguir en niveles elevados, habida cuenta del impacto del ajuste, particularmente a partir de los incrementos de servicios e insumos básicos, como electricidad y combustibles.
La otra noticia -se reitera, no es sinónimo de novedad- fue la propuesta, con tono de advertencia, de Hugo Moyano para frenar los despidos, el otro espectro que en algunos sectores, aunque de manera inicial, amenaza con corporizarse.
El jefe de los camioneros y de la CGT más ruda consideró que hay que hacer algo, incluso con fuerza de ley, para evitar los despidos. Y ahí nomás resucitó una medida del Gobierno de Eduardo Duhalde surgida en plena crisis de comienzos de los 2000: la doble indemnización. Moyano lo dijo como al pasar, al aludir a una posible batería de medidas. Pero lo dijo poco después de una reunión de capos gremiales con diputados nacionales, y quedó grabado.
Se sabe que son iniciativas de dudosa efectividad, sobre todo el prohibir consecuencias negativas por ley lisa y llana, cuando a las presiones de la realidad económica habitualmente no hay dique que la contenga. Su colega y a veces compañero de ruta Pablo Micheli advirtió, justamente, que el doble resarcimiento no es garantía necesaria para evitar las cesantías.
Además, si bien la realidad actual no es de las más prósperas, no hay punto de comparación con la de hace casi una década y media, cuando había que hacer salir de la inventiva gubernamental brigadas enteras de autobombas para apagar virtuales incendios económicos y sociales.
No obstante, y salvando racionalmente esas distancias, circunstancias y situaciones actuales, con salidas y soluciones de emergencia y hasta quizás facilistas, innegablemente se enmarcan en un panorama que puede padecer más turbulencias.
Al menos eso se percibe cuando surgen acuerdos breves, paliativos transitorios e ideas ya probadas que exhalan un tufillo que parece ser meneado por fantasmales brisas del pasado.